La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó este sábado que detuvo a ocho elementos de la policía municipal de Salamanca, acusados de formar parte de un esquema de protección a una célula del crimen organizado que opera en la región del Bajío. Los detenidos fueron sorprendidos durante un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y autoridades estatales.
De acuerdo con el reporte oficial, los policías habrían recibido pagos mensuales a cambio de alertar a integrantes del grupo criminal sobre operativos federales y estatales en Salamanca, ciudad que en los últimos cinco años se ha convertido en uno de los principales epicentros de violencia del país.
Lo que les aseguraron
Durante los cateos a domicilios y vehículos vinculados a los detenidos, las autoridades aseguraron:
- Cuatro armas largas tipo AR-15
- Tres pistolas calibre 9 milímetros
- Más de 1,200 cartuchos útiles
- Dos vehículos oficiales con equipo de comunicación táctico
- 17,000 dólares y 480,000 pesos en efectivo
"Estos hechos demuestran que la depuración de las corporaciones policiales municipales no es un proceso terminado, sino una tarea permanente del Estado mexicano."
El gobernador del estado, en un mensaje en redes sociales, agradeció el operativo y aseguró que "no habrá impunidad" para los servidores públicos involucrados con el crimen organizado. Reiteró además el llamado a los municipios para fortalecer los controles de confianza y los protocolos de evaluación a sus elementos.
Antecedentes
Salamanca, junto con Celaya, Irapuato y León, conforma el llamado "corredor industrial" de Guanajuato, una zona donde las disputas entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación han dejado más de 6,000 homicidios en los últimos tres años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Control y enfrentarán cargos por delincuencia organizada, cohecho y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Si son vinculados a proceso, podrían enfrentar penas que van de los 25 a los 60 años de prisión.
La Secretaría de Seguridad Pública municipal de Salamanca emitió un comunicado en el que se deslinda de los presuntos responsables y anuncia la apertura de una investigación interna para determinar si existieron complicidades adicionales dentro de la corporación.
